LA SOCIEDAD NEUQUINA EN FRAGMENTOS

Cuna del fenómeno piquetero una década atrás, Neuquén mejora sus finanzas pero no la distribución de su riqueza. La protesta social está motorizada por los gremios estatales, los docentes del sistema público y los movimientos de desocupados.




NEUQUEN.- Hace ya una década, la ciudad de Cutral Co, distante a unos 100 kilómetros de esta capital, fue escenario del bautismo de fuego del fenómeno piquetero, un término que se utilizó desde entonces para designar una nueva forma de la protesta social en el país y cuya primera manifestación había ocurrido en 1993 en la localidad de Senillosa, cuando obreros despedidos de la represa de Piedra del Aguila bloquearon la ruta 22. El denominador común de los conflictos que siguieron con esa modalidad fue la exclusión social generada por el desguace de las antiguas empresas estatales nacionales, el reclamo por el trabajo perdido o la vivienda postergada o la tierra a la que nunca se accedía.
Los hechos de Cutral Co, convertidos en puebladas, sucedieron tras la privatización de YPF, su posterior venta a la española Repsol y el agotamiento de la producción petrolera en esa zona junto con la reformulación del negocio hidrocarburífero en la provincia y la adopción de los programas de ajuste expulsivos de mano de obra recetados durante el gobierno de Carlos Menem y Domingo Cavallo.
En los diez años que median desde junio de 1996 hasta hoy, la situación cambió sustancialmente para Neuquén, al menos en cuanto a finanzas. Actualmente, la renta petrolera y la coparticipación federal de impuestos llenan las arcas del tesoro provincial, que registra sus ingresos triplicados desde 1999 y la desocupación disminuyó más de nueve puntos porcentuales pero la conflictividad persiste, a tal punto que la provincia es una de las jurisdicciones con mayor índice de judicialización de la protesta social del país.
Hace cuatro años, los ingresos calculados en el presupuesto neuquino arrojaban un promedio de 1.935 pesos por habitante, con un presupuesto anual de 1.100 millones de pesos. En la actualidad, esa proporción aumentó a 5.400 pesos –como mínimo, y el presupuesto a 2.700 millones de pesos- y sin embargo la conflictividad persiste con tanta o más virulencia que entonces.
Según el sociólogo Demetrio Taranda –docente e investigador de la Universidad del Comahue-, en las sociedades capitalistas modernas “la conflictividad social es un rasgo general”. En ese contexto, dijo, consultado por “Extremo Sur”, que “Neuquén no escapa a esta generalidad, pero su especificidad es que no se actúa adecuadamente en la instancia de la distribución de la riqueza, ni en la instancia de lo organizativo-institucional, por lo tanto al combinarse ambas, las consecuencias son manifestaciones de controversias de alta conflictividad”.
En efecto, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos, Indec, para el segundo semestre de 2005, la brecha entre ricos y pobres en la provincia fue del 37,4 por ciento y figura en la mitad de la tabla de las jurisdicciones argentinas, con doce puntos porcentuales por debajo de la más alta –Gran Resistencia, con 49,5 por ciento- y diez por encima de la más baja –Ushuaia-Río Grande, con 28,8 por ciento-. Ese registro es ocho puntos menos que un año antes, aunque no se registran variantes significativas en los reclamos y protestas sociales en el mismo período.
Por lo tanto, para Taranda, Neuquén “básicamente es una sociedad muy fragmentada, con sectores sociales con altos ingresos y otros sectores con muy bajos ingresos que a su vez participan de un entramado denso de relaciones sociales, signado por la precarización y el desamparo”.
en ese contexto, “a pesar de la generación de una gran riqueza, dada las características de una economía centrada en un 60 por ciento de su PBG (producto bruto geográfico) en la extracción de petróleo y gas”, las regalías y gastos de las empresas hidrocarburíferas en los yacimientos “no superan el 25 por ciento del valor agregado generado”, continuó el especialista. El 75 por ciento restante, continuó, se remite “a las casas matrices, que no están radicadas precisamente ni en Neuquén, ni en la Argentina. Todo esto sedimentó un desarrollo socioeconómico deformado, configurándose una matriz productiva poco diversificada, con sus efectos negativos en la cantidad y variedad de los puestos de trabajo y con escaso despliegue en la sociedad de una impronta técnica y científica. Al mismo tiempo produciendo una sensación de “riqueza” al alcance de las manos, que sólo pueden acumular el núcleo del poder y sus círculos adyacentes, acompañada de una cultura consumista”.
Para la historiadora Orietta Favaro, en la provincia, “la resistencia social al retiro del Estado de la economía y a su rol empresario –que implica reasignar recursos- es muy fuerte. Este es el hecho principal que lleva a los sindicatos que agrupan a los empleados estatales a movilizaciones permanentes con importante continuidad semanal”. Según su análisis, “los trabajadores de educación y salud conforman los gremios de mayor conflictividad en la provincia, por varias razones, entre las cuales se pueden mencionar que entre sus dirigentes se encuentran sindicalistas ideológicamente poco dispuestos a negociar con el gobierno, con el que se enfrentan en momentos ajenos a los ciclos electorales, porque la proporción de empleados públicos concentrados en la capital neuquina, le da un poder de movilización y considerable convocatoria, gozan de interesantes salarios, cuentan con beneficios laborales y, fundamentalmente, forman parte de la estructura del Estado, quizás por ello, se considera que la instancia neuquina es un adversario fácil para los reclamos sindicales”.
En el identikit de la protesta figuran también dos sectores diferenciados pero con intereses muchas veces coincidentes: los obreros ceramistas nucleados en el sindicato que actualmente gestiona la fábrica de la familia Zanon, en el Parque Industrial de Neuquén y que forma parte del lote de empresas recuperadas por sus trabajadores tras la crisis de 2001. El gremio, que bautizó a su iniciativa como “autogestión obrera”, tiene como objetivo de máxima que el Estado –nacional o provincial- expropie el establecimiento fabril y se lo ceda. Mientras, se acordó con el juez una figura de cesión provisoria a una cooperativa de trabajadores –que gerencia el sindicato ceramista- por el plazo de un año –vence en octubre próximo-. En la actualidad se gestiona una prórroga de la decisión judicial (ver aparte).
El otro gran grupo está constituido por trabajadores eventuales, desocupados, beneficiarios de planes sociales, militantes sociales vinculados con partidos políticos –nacionales o el provincial de gobierno, Movimiento Popular Neuquino- en su mayoría jóvenes y mujeres que carecen de vivienda y pululan en las más de 70 tomas de terrenos fiscales y privados en varios sectores de la ciudad.
Esta última situación ejemplifica el retiro del Estado. Taranda recordó que “hace muchos años que en Neuquén no se edifican barrios populares” pero en cambio se construyen “pisos de jerarquía y barrios cerrados. Los servicios públicos como la educación y la salud se han deteriorado de tal forma que, hoy por hoy, los adolescentes que logran ingresar en una universidad pública, tienen serios problemas de comprensión de textos y escritura con falencia en las conectividades léxicas. Y en el campo de la salud, si bien los hospitales son edificios públicos, muchos servicios de los mismos están tercerizados, en la cual participan profesionales que conforman esos círculos adyacentes”.
Si bien el desempleo disminuyó sustantivamente, su piso llegó entre el segundo semestre de 2003 y el primero de 2004 (ver cuadro 1), cuando se produjo el fenómeno que Taranda denominó “torbellino ocupacional”, de la mano de la hiperactividad petrolera, la reactivación de la construcción y la incidencia positiva en las estadísticas de los planes sociales a desocupados y desempleados jefes y jefas de hogar.
En lo referente a la conflictividad, Taranda señaló un componente más en la descripción del fenómeno. Opinó que la potenciación de la protesta obedece también a “la renuncia de los partidos políticos de ser al mismo tiempo contenedores y direccionadores del malestar de los ciudadanos”. Añadió que las agrupaciones políticas “renunciaron a ser la instancia de lo público-colectivo y se convirtieron en meras maquinarias electorales atravesadas por el márketing político”. Además, en Neuquén “los partidos de oposición hasta ahora han sido incapaces de presentar alternativas a la matriz económica vigente, generando en algunos casos, sin ser conscientes de ello, una sensación en la ciudadanía de que otra matriz es imposible”.