30.5.07

Veinte años no es nada

Faltaban siete años para que caducara la concesión del mayor yacimiento de gas de Argentina, Loma de La Lata, en Neuquén. Y en un trámite audaz y veloz, el entonces ignoto gobernador Jorge Sobisch negoció con Repsol-YPF una prórroga de la concesión por dos décadas a cambio de un millonario contrato en dólares. Eso ocurrió entre junio y diciembre de 2000. Gracias a sus resultados, la administración provincial pretende reeditar acuerdos similares con otras petroleras pese a las resistencias de la dirigencia política y gremial.


NEUQUEN.- En junio de 2000, a seis meses de iniciado su segundo mandato, el gobernador neuquino Jorge Sobisch firmó en Madrid un preacuerdo con Repsol YPF para prorrogar, a favor de esa compañía, los derechos de explotación del yacimiento gasífero Loma de La Lata-Sierra Barrosa, el más importante de la Argentina en cuanto a producción y reservas. El nuevo plazo extendió el contrato veinte años, y se firmó siete antes de vencer el original, firmado cuando la petrolera pertenecía al Estado argentino.
El acuerdo fue refrendado poco después por el gobierno nacional, entonces encabezado por Fernando De la Rúa, y el canon que pagó la petrolera hispana fue el único ingreso que registró durante ese ejercicio la economía argentina administrada por la Alianza radical-frepasista. Fueron 300 millones de dólares que Neuquén resignó a favor del tesoro nacional y así logró el visto bueno de De la Rúa y su ministro de Economía, José Luis Machinea.
Además del canon, que se cobró en tres cuotas de 80 millones de pesos-dólares en 2000; 100 millones en 2001 y el resto en 2002, la petrolera comprometió inversiones en la cuenca neuquina de 8.500 millones de dólares durante el período del contrato. De ese monto, cuatro mil millones se canalizaron entre 2000 y 2005.
Entre las cláusulas anexas figuran un aporte de 13 millones anuales de parte de Repsol para sostener el mantenimiento de la planta de agua pesada instalada en la localidad de Arroyito; una línea de 3.000 becas para estudiantes secundarios y terciarios durante cinco años –que se renovó a su vencimiento- y 30 millones de pesos-dólares para reconvertir pequeñas y medianas empresas patroleras constituidas por ex trabajadores de la YPF estatal.
La provincia, como contrapartida, además de la concesión –negociada según el paraguas de la constitución nacional reformada en 1994- aceptó reducir al 5 por ciento su participación en las ganancias por los excedentes que Repsol pudiera obtener por la producción de gas durante el período de prórroga. Originalmente, esa participación se había fijado en el doble.
Repsol también colaboraría en proyectos paleontológicos y espeleológicos y en el desarrollo de programas forestales para remediación ambiental.
En 1999, la empresa española Repsol se endeudó por 14.999 millones de dólares –que le prestaron mayoritariamente La Caixa de Barcelona y el BBVA Argentaria, luego BBVA Banco Francés- para adquirir, mediante una oferta hostil, el paquete accionario de la YPF privatizada. Con el paquete, la firma comandada entonces por el empresario Alfonso Cortina obtuvo también la acción de oro del Estado argentino, con lo cual el país perdió el control –mediante el veto- de las decisiones corporativas que se tomasen en la empresa. Con esa resignación, la Argentina quedó sin una herramienta estratégica de decisión en lo atinente a política energética.
Con el menemismo en auge, el gobernador Sobisch, ni lerdo ni perezoso, logró un diseño contractual que convino a la petrolera española y a su administración gubernamental. La inyección de fondos se tradujo en un incremento notable en el empleo de mano de obra calificada –de cinco mil puestos de trabajo iniciales se llegó a 15 mil cinco años después- y en la reactivación de la economía provincial, que se consolidó luego de la devaluación en 2002.
Pese a la crisis que derribó a De la Rúa y al gobierno de la Alianza, a Repsol, como a otras grandes empresas, le fue bien, tanto que en 2004 superó el desempeño de un año antes cuando comenzó a despegar de los cimbronazos post-convertibilidad.
Por eso en 2005, con esos antecedentes en la mano, Antoni Brufau, que reemplazó a Cortina cuando el PSOE volvió a encabezar el gobierno español, comprometió una importante inversión en exploración y explotación en el yacimiento gasífero.
La promesa se produjo en momentos en que las propietarias de ex empresas estatales privatizadas recibían una sostenida crítica por presunta falta de inversión de riesgo. En el caso del negocio petrolero, se apuntaba a la caída de reservas debido a la baja actividad exploratoria.
Con ese modelo, Sobisch anunció su intento de renegociar, en el último año de su mandato, nuevos contratos con todas las concesionarias, entre ellas Petrobras –que explota los yacimientos que operaba Pérez Companc-; Pioneer Natural Resources y Capex.
Ese proyecto ya recibió críticas de la dirigencia política y gremial de la provincia. Desde su propio partido, el Movimiento Popular Neuquino, Sobisch tuvo que soportar los cuestionamientos del equipo del candidato Jorge Sapag, que además de apoyar la ley “corta” de hidrocarburos, quiere participar de las negociaciones.
En la oposición política ocurre otro tanto: Horacio Quiroga, de la Concertación neuquina –plural, o “K”-, Raúl Podestá –otra línea kirchnerista- y Julio Fuentes –de una agrupación impulsada por la Central de Trabajadores Argentinos- aceptan esta negociación. Y, como cereza de la torta, el poderoso gremio petrolero comandado por Guillermo Pereyra quiere estar en la discusión de los contratos para garantizar puestos de trabajo y una cuota del poder de decisión sobre el negocio.

Gerardo Burton
geburt@gmail.com